Quién es Raúl Garzón, el fiscal al que las organizadoras de Ni Una Menos cuestionan por su actuación y por su discurso

 CÓRDOBA.- Pese a los cuestionamientos sociales e incluso políticos (la oposición legislativa cordobesa impulsa un jury de enjuiciamiento en su contra), el fiscal Raúl Garzón fue ratificado al frente de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la chica de catorce años cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado tras casi una semana de búsqueda.

El fiscal general provincial, Carlos Lezcano, también le dio el control de la causa por “privación ilegítima de la libertad” que tiene como imputado desde hace un año a Claudio Barrelier, hasta ahora el único detenido por el crimen de Agostina. El tono soberbio que usó en la conferencia de prensa del sábado pasado, después del hallazgo de los restos de Agostina, generó rechazo en la opinión pública que, por esas horas, esperaba y reclamaba más empatía, más cercanía al dolor de la familia y de la sociedad que llevaba siete días siguiendo este drama que caló hondo.

Más allá de los cuestionamientos de los últimos días, en el ambiente judicial Garzón es considerado un “buen investigador”. En cambio, rechazan su forma de comunicar. “Tiene tono de cátedra, es inherente a su forma de ser”, dice a LA NACION un veterano abogado. Un funcionario judicial lo define como “un fiscal de la vieja escuela”.

De larga trayectoria en la Justicia, su nombre —al igual que los de otros de sus colegas— varias veces circuló en los pasillos de tribunales como posible candidato al cargo de fiscal general. Ni él ni los otros mencionados fueron designados. La última causa resonante que Garzón tuvo a su cargo fue la del Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Fue el responsable de la instrucción del caso que terminó, en un juicio por jurados, con la condena por mayoría a perpetua de la enfermera Brenda Agüero por cinco homicidios calificados por procedimiento insidioso reiterado y ocho en grado de tentativa.

Otra de las causas resonantes que llevó adelante fue la derivada de la huelga policial de 2013, con saqueos que dejaron un saldo de un muerto y destrozos generalizados. En la instrucción procesó a 58 uniformados acusándolos de desobediencia a la autoridad, instigación al delito, aplicación indebida de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También intervino en la investigación del caso conocido en Córdoba como del “asalto a la cena de los jueces”, ocurrido el 23 de diciembre de 2016 en la casa de una abogada en el barrio Cofico, reunión en la que había 30 personas, incluidos políticos, jueces federales y provinciales y empresarios.

Dos años después, en un fallo unánime, la Cámara 2ª del Crimen absolvió a los principales imputados y los dejó en libertad, al tiempo que mandó a investigar lo actuado por Garzón y por el entonces juez de Control N°5, Carlos Lezcano (actual fiscal general de Córdoba), y a un efectivo policial que participó de las detenciones.

En 2020 intervino cuando, durante las manifestaciones por el debate legislativo por la legalización del aborto en el país, hubo daños a edificios públicos. Dispuso que la Policía debía actuar, una decisión que generó polémica y el rechazo de organizaciones que protestaban.