Extranjerización de tierras: fuertes cuestionamientos al proyecto que debatirá el Congreso

 El Senado argentino se apresta a debatir la derogación del límite del 15% que desde 2011 restringe la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una reforma que el gobierno de Javier Milei impulsa bajo el nombre de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y que acumula resistencias desde organizaciones sociales, políticos, la Iglesia y ambientalistas.

El proyecto, diseñado por el ministro de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, atravesó 13 versiones y llegó al recinto con los votos en disputa. Si la iniciativa obtiene media sanción, el texto pasará a Diputados para completar su trámite legislativo.

La norma que el oficialismo busca desmantelar tiene una historia precisa. La ley N° 26.737, sancionada el 22 de diciembre de 2011 y promulgada cinco días después durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue la respuesta legislativa al fenómeno global conocido como acaparamiento de tierras, que desde la década del ’80 y con mayor intensidad en los 2000 aceleró la compra de grandes extensiones rurales en Argentina por parte de empresas y fondos de inversión extranjeros, sin que existiera ningún marco legal que lo regulara.

Los intentos por establecer esa regulación venían desde el año 2003, pero recién en abril de 2011 el Poder Ejecutivo envió el proyecto al Congreso. La ley apuntó a tres objetivos centrales: proteger la soberanía territorial y los recursos estratégicos, preservar la tierra en manos de productores agropecuarios nacionales, y crear un registro real de titularidades que corriera el velo jurídico de las estructuras societarias usadas para ocultar al verdadero comprador extranjero detrás de testaferros argentinos. El relevamiento posterior realizado por el Registro Nacional de Tierras Rurales determinó que el nivel real de extranjerización era del 5,57% del territorio nacional —muy por debajo del tope del 15% que la propia ley establecía—, lo que para los críticos del proyecto actual refuerza el argumento de que no existe una urgencia que justifique la reforma. La ley vigente establece que los extranjeros —personas físicas, empresas privadas o fondos de capital— no pueden superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. Fija además que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. El dictamen de mayoría de La Libertad Avanza elimina todos esos límites, con lo que revierte las salvaguardas que en 2011 el Congreso construyó ante la presión del capital internacional sobre los suelos productivos argentinos. La dirigente Elisa Carrió fue una de las primeras voces que se levantó contra el proyecto del Poder Ejecutivo. “A todos los que firmaron este dictamen los voy a denunciar por traición a la Patria, y a los que firmaron el proyecto también, y van a terminar presos. Esto es tema de propiedad de la tierra, no es concesión. Es entregar la propiedad de la tierra a un capital extranjero”, expresó Carrió.

El nuevo texto pone en manos de las provincias la regulación: cada jurisdicción tendrá la potestad de autorizar, regular o vetar la compra de tierras por extranjeros según sus propios criterios. Los Estados extranjeros mantendrán la prohibición de adquirir tierras rurales, pero las empresas con participación estatal extranjera podrán hacerlo con aval de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Si ninguno de los dos formula objeciones en un plazo de 180 días, operará el silencio administrativo y el comprador quedará constituido como propietario de pleno derecho.

La reforma también elimina la prohibición específica de adquirir tierras con cuerpos de agua permanentes y de envergadura —ríos, arroyos, lagos, lagunas—, una restricción que la ley de 2011 incorporó expresamente para proteger el acceso al agua como recurso estratégico.

Las críticas al proyecto provienen de frentes diversos. Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue directo al señalar que “no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique esta reforma” y recordó que el registro creado por la ley de 2011 nunca alcanzó el límite del 15%. Morales advirtió además que “hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen”, en referencia a comunidades rurales e indígenas que carecen de títulos formales.

Desde las fuerzas armadas, el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, planteó una lectura geopolítica para tener en cuenta: “La soberanía hoy no está en juego solo cuando se define quién tiene potestad o dominio sobre ese territorio, sino sobre los recursos críticos o estratégicos de ese territorio”. Paleo consideró que el nombre del proyecto busca “enmascarar detrás de un título algo más de fondo, que es justamente la modificación de la ley de extranjería” y cuestionó que las provincias tengan “el poder de decisión absoluto”: “Somos una nación”, subrayó. Citó como contrapunto los modelos de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, países que mantienen restricciones a la compra de tierras por extranjeros, incluso en zonas de frontera —el mismo tipo de controles que la ley de 2011 buscó replicar en Argentina y que el proyecto actual desactiva.

La Iglesia Católica también intervino en el debate. El obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, Juan Ignacio Liebana, advirtió que la medida “pone en riesgo la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla” y expresó preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce —precisamente el recurso que la norma de 2011 protegió de forma expresa al prohibir la venta de tierras ribereñas a extranjeros.

En una declaración conjunta con Cáritas y la Pastoral Aborigen, la Iglesia sostuvo que el proyecto “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas fue aún más terminante: calificó la iniciativa como un “punto de inflexión gravemente regresivo para el ejercicio de la soberanía territorial” y advirtió que el resultado previsible es “mayor concentración, aumento del valor de la tierra y presión sobre el mercado de tierras”, con restricciones en el acceso a ríos, lagos, nacientes y caminos. La organización señaló que la reforma “modifica la definición de sujeto extranjero, restringiéndola únicamente a los Estados, legalizando el control de hecho por parte de grandes capitales privados, fondos de inversión y corporaciones internacionales” —exactamente el tipo de actores que la ley de 2011 intentó alcanzar al correr el velo de las estructuras societarias.

Como denuncian dirigentes de la talla de Elisa Carrió, detrás del discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno, según la ex diputada, impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre activos estratégicos. Por eso, para quienes se oponen al nuevo proyecto de ley, la discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía.

De todos, la extranjerización de la tierra es el aspecto más perjudicial para la integridad nacional.

Por su parte, el senador Wado de Pedro otro opositor al proyecto del Ejecutivo opinó que :“La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras”.